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La Inconstitucionalidad de los Artículos 153 y 155 de la Ley Aduanera
Por: Rigoberto Reyes
En los Juicios de Amparo Directo 75/2002 y 512/2001, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió que los artículos 153 y 155 de la Ley Aduanera, son inconstitucionales, al contravenir la garantía de certeza jurídica que contiene el artículo 16, CPEUM.

Enseguida se comentan los puntos relevantes de estos fallos

I.- El TEXTO DE LOS ARTICULOS 153 Y 155 DE LA LEY ADUANERA

El artículo 153, LAd, que enseguida se transcribe, norma el Procedimiento que debe seguirse, cuando se embargan precautoriamente mercancía de procedencia extranjera, derivado del Acta levantada en términos del artículo 150, LAd.

Art. 153
“ El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga , ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley. Dentro de los 10 días siguientes a del levantamiento del acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.

Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, Capítulo III, Sección Primera de esta ley en los casos a que se refiere el artículo 151 fracción VII de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución sin que en estos casos se impongan sanciones ni se este obligado a pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional; de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter.

En los casos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley.....”

Por su parte, el artículo 155, LAd, que norma el Procedimiento Administrativo derivado de la práctica de una visita domiciliaria en materia aduanera, señala:

“ Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio, en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta ley. El acta de embargo en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior, y a las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera practicado el embargo, deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando en su caso, las contribuciones y cuotas compensables omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo“.

II.- LOS MOTIVOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

Sustancialmente en los juicios de Amparo se argumentó como supuesto de Inconstitucionalidad de los artículos 153 y 155 referidos, que éstos contravienen la garantía constitucional de certeza jurídica, de equidad procesal y de la impartición de justicia atendiendo a que:

“el artículo citado debe reputarse inconstitucional, en virtud de que, la última parte de dicho numeral transgrede en perjuicio de mi representada la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 17 Constitucionales, al no establecer una consecuencia legal cuando la autoridad no emita la resolución en el término de cuatro meses sobrepasándose el límite establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera, dejando en un estado de incertidumbre jurídica, al desconocer cual es la situación en materia de comercio exterior y el destino de la mercancía embargada.

Es decir, la autoridad fiscalizadora está obligada a emitir la resolución en el término de cuatro meses, ya que es un deber jurídico establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera, para no violentar las garantías constitucionales, de no ser así violenta los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, sin embargo no se establece que acontece, si no se dicta resolución en dicho plazo.

Por su parte el artículo 17 Constitucional señala:

“...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.... de tal manera que no se cumple con esta garantía constitucional de la pronta impartición de justicia, cuando la ley aduanera deja en incertidumbre total al gobernado, si se le ha embargado precautoriamente mercancía, para conocer que ocurrirá, sino se resuelve en el plazo de 4 meses el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ”

En cuanto a la equidad procesal, se invocó que; “el artículo 46-A del Código Tributario Federal establece que en el caso de que no se finalice un acto de fiscalización, en el plazo de 6 meses, todo lo actuado será nulo, efecto que no se previene en los artículos 153 y 155 de la Ley Aduanera”

III.- LAS SENTENCIAS DICTADAS

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa citado, en el Juicio de Amparo Directo 75/2002, resolvió:

“Es fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa, en virtud de que tal como lo señala, el artículo 153 de la Ley Aduanera efectivamente no establece cuál es la consecuencia de que la resolución definitiva en el procedimiento administrativo en materia aduanera no se emita en el término de cuatro meses, pues en la parte conducente dicho precepto establece . . .

De la transcripción anterior, se aprecian dos hipótesis, la primera que aplica cuando el interesado presenta pruebas con las que acredita la legal estancia o tenencia de las mercancías, y en dicho caso no se le impondrán sanciones ni se le cobrarán gastos de ejecución, y además, en para tal hipótesis se establece expresamente que la resolución definitiva se dictará en el término de cuatro meses, y de no hacerse así, la resolución provisional tendrá el carácter de definitiva

Por otro lado, el segundo supuesto aplica cuando el interesado no desvirtúe mediante prueba alguna las circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, o cuando ofrezca pruebas diversas, con las que no desvirtúe las circunstancias por las que se inició dicho procedimiento

En el supuesto indicado en el párrafo anterior, el precepto únicamente refiere que la resolución debe emitirse en el término de cuatro meses, sin embargo, como lo refiere la quejosa, dicho artículo no específica en tal cuál es la consecuencia de que la mencionada resolución no se emita en el término de cuatro meses como sucede cuando sí se ofrecen pruebas, lo que evidentemente genera la incertidumbre a que se refiere la quejosa, toda vez que si bien se establece un término legal para emitir la resolución definitiva en el procedimiento administrativo en materia aduanera, lo cierto es que no se indica cuáles serán los efectos de la resolución que se emita fuera del referido término legal, esto es, si la misma surtirá efectos o no y ello evidentemente genera inseguridad para el quejoso

Cabe mencionar al respecto, que el artículo 46-A del Código Tributario, en un caso análogo, establece que las visitas y revisiones de gabinete deben concluirse en un plazo de 6 meses, y ello evidentemente se encuentra motivado en la necesidad de brindar seguridad a los contribuyente en ese tipo de investigaciones relativas al cumplimiento de sus obligaciones, no obstante lo anterior, si bien en la Ley Aduanera, específicamente en su artículo 153 se prevé un término de cuatro meses para que se dé a conocer al contribuyente la resolución definitiva del procedimiento administrativo en materia aduanera, lo cierto es que el mencionado precepto no indica qué tratamiento debe darse a la resolución extemporánea, y por ese motivo, evidentemente dicho precepto transgrede, en perjuicio de la quejosa, el artículo 16 Constitucional, toda vez que con tal omisión, únicamente se genera incertidumbre al respecto de la mencionada resolución extemporánea, motivo por el cual debe concluirse que le asiste la razón a la quejosa en su concepto de violación al tratar que tal precepto en la parte que alude es incierto y con ello es suficiente para concederle el Amparo y Protección de la Justicia Federal que solicita”

En lo que respecta al Juicio de Amparo Directo 512/2001, se dijo:

“efectivamente, el artículo 155 de la Ley Aduanera, no establece cuál es la consecuencia o resultado, de que la resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento en materia aduanera, no se emita en el término de cuatro meses que el precepto señala, pues se limita a señalar que una vez desahogadas las pruebas, se dictará resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo, lo que evidentemente, como lo estima el quejoso, genera incertidumbre, pues no indica los efectos del incumplimiento por parte de la autoridad

Cabe decir al respecto, que el artículo 46-A del Código Tributario, en un caso análogo, establece que las establece que las visitas y revisiones de gabinete deben concluirse en un plazo de seis meses, y ello evidentemente se encuentra motivado en la necesidad de brindar seguridad a los contribuyente en ese tipo de investigaciones relativas al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no obstante lo anterior, si bien en la Ley Aduanera, específicamente en su artículo 155 se prevé un término de cuatro meses para que se dé a conocer al contribuyente la resolución definitiva del procedimiento administrativo en materia aduanera, lo cierto es que el mencionado precepto no indica qué tratamiento debe darse a la resolución extemporánea, y por ese motivo, evidentemente dicho precepto transgrede, en perjuicio de la quejosa, el artículo 16 Constitucional, toda vez que con tal omisión, únicamente se genera incertidumbre al respecto de la mencionada resolución extemporánea, así acierta el quejoso en su concepto de violación, lo que es suficiente para concederle el amparo”

IV.- LA REFORMA DEL 2002 AL ARTICULO 153, LAd.

Para el año 2002, y reconociendo tácitamente la omisión que contienen los artículos 153 y 155, LAd, el Legislador Federal, reformó, entre otras disposiciones, el artículo 153, LAd, y en la exposición de motivos de ésta, la Cámara de Diputados, (Gaceta Parlamentaria, año V, número 907, miércoles 26 de diciembre de 2001), señaló lo siguiente:

“En el mismo sentido, se considera conveniente que el interesado pueda presentar pruebas documentales que acrediten la estancia o tenencia legal de las mercancías, a fin de desvirtuar los supuestos del embargo precautorio o que el valor declarado fue correcto. En este caso se considera procedente que la autoridad dicte de inmediato la resolución de que se trate y, en el caso contrario, la resolución deberá dictarse en un plazo no mayor de 4 meses y de no emitirse en este plazo, la actuación de la autoridad quedará sin efecto, reformas que se reflejan el artículo 153 de la Ley en comento:

"Artículo 153. ..............
Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento.

En el mismo Dictamen, se establece en el artículo Primero Transitorio, fracción IV, de las disposiciones transitorias de la Ley Aduanera, que; “ IV. La reforma al artículo 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera, entrará en vigor el 1° de enero del 2003 y será aplicable únicamente para los procedimientos administrativos en materia aduanera iniciados con posterioridad al 31 de diciembre del 2002. Los procedimientos administrativos en materia aduanera iniciados con anterioridad al 1° de enero del 2003, continuarán su proceso conforme al artículo 153 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de diciembre del año 2002”

En conclusión, es claro que estos artículos 153 y 155, LAd, generan incertidumbre jurídica para los contribuyente, al no precisar que consecuencia debe sobrevenir, cuando la autoridad aduanera se excede del plazo establecido ( 4 meses), para resolver los procedimientos administrativos por ella iniciados, lo que en criterio del Poder Judicial Federal, es conculcatorio del artículo 16, CPEUM

Para el año 2003, parte de esta problemática (la incertidumbre jurídica) será resuelta, por la reforma al artículo 153, LAd, pero hará falta la modificación al artículo 155, LAd

En nuestra opinión, de no reformarse dicho artículo 155, LAd para el año 2003, provocará una inequidad procesal en los procedimientos aduaneros, en virtud de que:

1.- Los procedimientos aduaneros iniciados en el 2003, derivados del artículo 153, de excederse en el plazo de conclusión (4 meses), serán nulos

2.- .- Los procedimientos aduaneros, derivados del artículo 155, de excederse en el plazo de conclusión (4 meses), no se prevé consecuencia legal, por lo que habrá que apelar a los fallos del Poder Judicial Federal
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