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Hablando de derechos Por: José Darío Arredondo López 
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Por rumbos del hospital del ISSSTE, en Hermosillo, además de las noticias acerca de los amparos que promueven cada vez más trabajadores, circula en pasillos y áreas de trabajo, que las oficinas administrativas no expedirán constancias de trabajo porque “no se necesita”, según lo decretó el sindicato. Sin embargo, la oficina que expide el citado documento, está abierta para recibir y tramitar las solicitudes correspondientes. En el mismo sentido está la situación de las vigencias de derechos.
Corren rumores de que no prosperarán los amparos que se promuevan, y que la lucha de los trabajadores será inútil. En ese sentido va la reciente declaración del licenciado Miguel Ángel Yunes, director general del ISSSTE, según consignaron los medios de comunicación nacionales, pero la realidad es que un juez aceptó darles entrada y declaró procedentes los recursos, a reserva de ver lo que se decide en definitiva. El juez aclaró que no tiene validez legal alguna lo declarado por Yunes, en el sentido de que los derechos de los trabajadores que promovieran el amparo quedarían suspendidos y no recibirían el beneficio de los servicios médicos, en caso de necesitarlo. Yunes, en este caso, queda como un terrorista laboral, un individuo que falsea la realidad con tal de imponer una ley espuria, tanto como lo es el gobierno que representa. Recientemente, se ha tenido la presencia de un abogado local que ha tomado con seriedad la defensa de los derechos de los trabajadores del ISSSTE y demás derechohabientes, con lo que la promoción del amparo cuenta con cada vez más adeptos. El licenciado Jesús Bustamante Machado se ha visto rodeado de muchos trabajadores que han depositado en él su confianza. ¿Sus honorarios?, simbólicos: cobra $200.00 por el trámite, mientras que otros piden 1,500.00, o más. Lo que le comento va en razón de que en nuestra ciudad se cuecen habas bastante gordas y, bajita la mano, caemos en los supuestos de una campaña feroz en contra de los derechos de la clase trabajadora, propiciada por el propio gobierno federal y solapada cuando no favorecida franca y descaradamente por los propios sindicatos. Ahí está el caso del líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala. Ayala lucha por posicionarse en el nuevo universo político de la derecha en el poder, por lo que siguiendo las instrucciones de la señora Gordillo, propietaria del SNTE, hace lo posible por llevar adelante su venganza contra los logros históricos de la clase trabajadora, bajo los gobiernos de la Revolución. Vivimos, desde hace dos décadas, una verdadera contrarrevolución de derecha, que pretende destruir las instituciones sociales del país, desmantelando la seguridad social así como la defensa de los derechos de los trabajadores, valiéndose de la ignorancia y, en muchos casos, de la indolencia de los propios interesados. Tenemos un país que gracias a la modernidad neoliberal contamos oficialmente con 49 millones de ciudadanos que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. De ese total de pobres, 25.7 millones no puede acceder a los mínimos requerimientos de alimentación, salud y educación. Pero, los 19 millones que viven en pobreza extrema, no cuentan con ingresos que le permitan siquiera acercarse a la canasta básica: simplemente están fuera de una vida que se pueda considerar humana. La campaña multimedia emprendida por el gobierno para dar al traste con la seguridad social, se ha visto favorecida por profesionales de la desinformación apuntalados con los argumentos de administradores eficientistas, que constituyen una nueva versión del típico cuenta-chiles que busca el ahorro sacrificando el beneficio social que debe traer consigo la correcta aplicación de los recursos públicos. Se confunde a propósito, la función de la empresa pública con la privada y de repente las prioridades sociales de la pública se ven trastocadas por el discurso y las exigencias técnicas de la privada. El Estado se convierte en la práctica en una entidad dispuesta a lograr el mayor beneficio contable, como si hubiera que responder a los socios comerciales y no a los ciudadanos sujetos de derechos. No faltan, en este marco, los “oráculos vocingleros del trivial juicio burgués”, citando a C. Marx cuando rebatió los argumentos del engañoso Prudon, autor del libelo “La filosofía de la miseria”, siendo puesto en su lugar con el escrito marxista, “La miseria de la filosofía”. Los nuevos Prudon, finalmente oráculos vocingleros del trivial juicio burgués, alegarán lo atinado de la medida de dejar sin protección social a los trabajadores, por aquello de los costos para las instituciones del ramo, y propondrán de mil maneras la privatización de la seguridad social. Una forma de logarlo es promoviendo la individualización de las cuentas y generándole clientelas cautivas a las Afores. La privatización de la seguridad social no resolverá el problema de una administración deficiente, altamente corrupta, sin idea de lo que es el conjunto de servicios que debe proporcionar al trabajador federal. Igual ocurre con el IMSS, con PEMEX, con CFE, por ejemplo. Mientras que la república esté en manos de empresarios disfrazados de servidores públicos y empleados que los sirven, las cosas no tienen por qué mejorar, sino al contrario. Urge una nueva definición por parte de los trabajadores, en defensa de sus derechos. Correo electrónico: dalmx@yahoo.com |
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