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Los problemas para una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones: Un reto para el sector en México Por: Luis Navarro y Carlos Hassey |
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A pesar de las dificultades que en todo el mundo enfrenta la industria de las telecomunicaciones, para México significan el principal campo de desarrollo tecnológico del país.
Basta con ver como de 1990 a 2001 el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció a una tasa promedio anual de 3.3 por ciento, mientras que el PIB de las telecomunicaciones lo hizo en un 14.2 por ciento en el mismo periodo, a pesar de que algunos conceptos como la telefonía y el costo por consumidor, continuan siendo excesivos. La tendencia del sector debería consistir en la apertura a la competencia y a la inversión extranjera, aumentando así, la eficiencia técnica como los beneficios económicos para los usuarios al disminuir los costos de operación. No obstante, en México, las discusiones para una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) se debaten entre los temas de dominancia, tarifas y desagregación del bucle local (acceso al usuario final). Cabe señalar, que el consenso entre los partidos políticos pretende que no se modifique la restricción de hasta el 49% a la inversión extranjera directa en el capital de las sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), lo cual detiene las inversiones que ingresarían al país de contar con una libre participación del capital extranjero, especialmente cuando se trata de inversión en infraestructura. Huelga decir, que si se continua en esta línea, al término del presente año las inversiones en telecomunicaciones habrán caído un 53%, esto es, de 5,000 millones a 2,350 millones de dólares, tendencia que podría mantenerse en los próximos años de no presentarse cambios en el marco legal, o lograrse acuerdos relevantes que atraigan la inversión al país. Además, en lugar de fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), como organismo regulador independiente, cuyas facultades sean las de (i) dictar las reglas que se deben aplicar a los participantes en el sector de las telecomunicaciones, (ii) resolver las controversias que se susciten entre dichos participantes (iii) y para establecer procedimientos administrativos sencillos, rápidos y eficaces, el consenso político contempla que sea la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que continúe tomando las decisiones importantes. Por otro lado, el tema sobre el establecimiento de nuevas reglas para Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX) como competidor dominante ha encontrado la oposición de éste, pero también de un grupo importante de empresas (entre las cuales se encuentran aquellas que se agrupan en la recién creada Asociación Nacional de Telecomunicaciones –ANATEL-), en virtud de que la propuesta de LFT de la Comisión Parlamentaria de Telecomunicaciones contempla medidas para someter a la autorización de la COFETEL tarifas, planes comerciales, contratos, contabilidad, calidad de los servicios, publicación de información, etc., pero, sobre todo, permitir el acceso de otros concesionarios a los recursos esenciales de su red, que determine la COFETEL, en los términos y condiciones que fije la misma, lo que involucra la desagregación del bucle local. TELMEX, junto con ANATEL (que agrupa al 95% de las empresas de telecomunicaciones) han manifestado su desacuerdo a que TELMEX facilite su red de forma prácticamente gratuita, lo que ha provocado la cancelación de la mitad de las inversiones de TELMEX en líneas fijas ante la amenaza de una regulación desventajosa. La oposición a que una nueva LFT contenga un capítulo de dominancia, así como la desagregación del bucle local traería como consecuencia un incremento en las ganancias de otros operadores, pero no necesariamente un incremento en el número de líneas por cada 100 habitantes, además de que ya existe el marco jurídico para resolver las controversias en materia de competencia económica. Ante los problemas arriba citados, debemos agregar las dificultades políticas que pueden impedir la creación de una nueva LFT que sea justa y que permita el crecimiento de las telecomunicaciones en nuestro país sin perjudicar a sus participantes, tales como las pugnas partidistas en el Congreso de la Unión, las presiones sindicales (especialmente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana), y los recursos legales con que eventualmente podría responder TELMEX a una ley o a medidas que afecten los intereses de sus negocios. Por lo anterior, es recomendable el escepticismo a que aparezca una nueva LFT y, más aún, a que dicha ley sea promotora de la inversión y el desarrollo de las telecomunicaciones. Sin embargo, es importante continuar influyendo para que se dé la apertura a la inversión extranjera, se otorgue autonomía a la COFETEL, se simplifiquen y se hagan eficaces sus procedimientos administrativos, se establezcan reglas justas para todos los competidores y, finalmente, se continúe trabajando e invirtiendo en el sector con el marco legal existente y con la asesoría necesaria, hasta en tanto se resuelva la existencia de una nueva LFT. Los competidores no desean inoperancia de la Cofetel y de la misma SCT. Desean que actúe y que los preceptos legales de la materia se apliquen con parámetros de eficacia y eficiencia. |
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