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Las ruinas del Estado Por: Jesús Silva-Herzog Márquez |
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Decir que ese trata de una crisis del Estado mexicano es andarse por las ramas. Esto ya no es una crisis. Es la demostración palpable de la quiebra del Estado mexicano. No creo que podamos llamarla de otra manera: una auténtica quiebra. Se ha partido, en efecto, el piso del poder estatal. Lo que hemos constatado en los días y horas recientes tiene la entidad de una emergencia nacional. Insisto: este no es un nuevo episodio de la batalla cotidiana contra la delincuencia. Hemos cruzado una línea. El desafío que ha sido escrito en el cadáver de quienes están encargados de cuidar las prisiones no puede ser tomado a la ligera. En los asesinatos e intimidaciones recientes del narcotráfico está una declaratoria de guerra contra todos nosotros. No es una guerra contra los operadores de las cárceles, no es una guerra contra la policía, no es una guerra contra el gobierno federal. En esta guerra estamos -–querámoslo o no, reconozcamoslo o no— todos metidos.
La devastación de la estructura estatal tiene ya muchos lustros de cocción. No se trata de la falta de algún gobierno, la imprudencia de un solo grupo. Se trata de la consumación de un fracaso en el que se ha empeñado tercamente la clase política del país desde hace más de veinte años. Distraída en sus pequeños pleitos y en sus pequeñas reformas, ha contemplado el progreso de los estragos. El cuadro de las ruinas lo componen la creciente prosperidad del delito, la multiplicación de zonas sin ley, la incapacidad de encontrar un alimento fiscal suficiente para cumplir con las responsabilidades esenciales del poder público, la ambigüedad del compromiso con la legalidad de todos los actores políticos, la politiquería que es incapaz de defender el piso común y entablar el pacto en lo esencial. Todo ha conspirado para convertir el espacio común en el territorio de nadie. No puede encontrarse mejor estampa de esta condición ruinosa del Estado mexicano que la pérdida de control de las cárceles llamadas irónicamente de “máxima seguridad.” Si existe un ámbito donde el poder público debe hacer sentir su imperio es precisamente ahí, en las prisiones, corazón de su poder monopólico. Lo que hoy es innegable es que esa jurisdicción primordial se ha convertido en el cuartel general de la delincuencia más violenta. Una delincuencia que, al parecer, está decidida intimidar a quienes osen limitar sus privilegios. Si la responsabilidad de la casa ruinosa se esparce en varias generaciones de políticos desatentos a lo primordial, no cabe duda de que la administración del presidente Fox ha sido incapaz de detener el deterioro y ha contribuido en los hechos al debilitamiento del Estado. En primer lugar, se destruyó la unidad de mando que antes estaba en la Secretaría de Gobernación para levantar un ministerio que, en sus cuatro años de existencia, no ha justificado su razón de ser. Al frente de esa dependencia permanece hasta el momento un hombre que tiene como único título la amistad del Presidente de la República. En el sitio que mayor competencia técnica y experiencia profesional debería existir, el Ejecutivo mantiene a un político singularmente incompetente. Lo protege en ese sitio empecinado en mantener una imagen de firmeza frente al rival de su obsesión. Fulminante en su condena al responsable de la seguridad pública en la Ciudad de México, el presidente Fox mima y encubre la ineptitud de su subalterno. El hecho podría ser una anécdota más de este teatro de pequeñeces si no estuviera tanto en juego. Lo que retrata con toda nitidez es el marco con el que se enfoca todavía este asunto: un tema de partido, de gobierno, de camarillas. Seguimos mirando el problema de la seguridad bajo el estrecho lente del partidismo. Las derrotas de una estructura policial son celebradas por sus adversarios. Una procuraduría pone en la mira a la otra. La delincuencia sigue dando munición para el ataque político. El alcalde de la Ciudad de México y el gobierno federal han dado muestras ostensibles de esta irresponsabilidad en fechas recientes. En su riña pública, en sus acusaciones cruzadas han dado lección de lo que no puede hacer la clase gobernante de una democracia amenazada. La plaza elemental de la unidad tiene que ser la defensa del Estado. Una unidad que debe mostrarse en una estrategia común contra el delito, una colaboración estrechísima e, incluso, en la exhibición simbólica del frente común. Cuando mayor unidad es necesaria para combatir el delito, la clase política presume la avaricia y la miopía de sus reflejos. El territorio de la auténtica política de Estado es la tutela del Estado mismo. Más allá de este compromiso inequívoco, es natural que partidos y políticos diverjan. Más acá no es aceptable ningúna ambigüedad, ningún lucro de las partes, ninguna ambigüedad. Es tiempo de hacer también una evaluación seria de los servicios de inteligencia del gobierno federal. A juzgar por los resultados, los cambios que se decidieron hace cuatro años en la titularidad del CISEN fueron un error grave. Se optó, como en muchos otros campos de la admistración, por el cambio superficial y simbólico que, a pesar de su aparente intrascendencia, tuvo el efecto de romper una línea de profesionalidad. Nuevamente, el criterio imperante fue la lealtad: un profesional de la inteligencia, sustituido por el amigo del Secretario de Gobernación. La indefinición elemental de la estragegia política del foxismo logró el peor de muchos mundos: reformas que no inyectan oxígeno, conservación que no logra cuidar tradiciones en cultivo. Las semanas recientes han dado muestras estridentes del fracaso del CISEN. Los hechos dramáticos de las últimas semanas no pueden ser considerados como terremotos que aparecen de pronto sin aviso alguno. No fueron, para colocarlos en una plataforma familiar, súbitos ataques de terroristas desconocidos. De los asesinatos en los penales, del descontrol en las penitenciarás, de la corrupción rampante, de las amenazas había muchos avisos. No era necesario pertenecer al primer círculo del poder para percibir que algo se cocinaba. Un lector atento de los periódicos podría haber olido la podredumbre y sus bravatas. Pero, al parecer, los servicios de inteligencia a cargo del gobierno federal cerraron los ojos a lo que se anunciaba casi publicitariamente. El jueves por la noche el gobierno federal pronunció la palabra dramática: guerra. El gobierno federal estaba “en guerra contra el crimen organizado.” Si —cosa improbable— el gobierno toma seriamente sus palabras, debe actuar en consecuencia. Pensar el regimiento indispensable y la estrategia para derrotar al enemigo con el que no se puede negociar. También es urgente una inequívoca toma de posición del resto de los actores políticos. Frente a las seis ejecuciones de Matamoros, Andrés Manuel López Obrador simplemente no dijo nada, y del PRI tampoco hubo una muestra de responsabilidad clara. No hemos entendido que la guerra del Estado no es una guerra de Vicente Fox, es la guerra de todos. |
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