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Inseguridad Por: José Darío Arredondo López 
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Recientemente el Presidente Fox convocó a los gobernadores a sumarse a una cruzada contra la inseguridad. Aportaría el gobierno que preside mil millones de pesos, y solicita otros mil que, de manera voluntaria, aporten los gobiernos de las entidades federativas.
En apariencia, el señor Fox pone el ejemplo, si no fuera por que estrictamente está cumpliendo con una obligación. Simula que encabeza acciones ejecutivas que servirían para hacer retroceder la criminalidad, la delincuencia, en fin, la inseguridad pública en la Nación. Juega el señor Fox, a ser Presidente, pero quizá de una casa de apuestas, de un casino, de un congal en donde se cruzan apuestas contra el desempleo, contra la enfermedad, contra la ignorancia, contra la inseguridad; pero no se traducen en decisiones públicas con objetivos y mecanismos previstos por las leyes que nos rigen como cuerpo social. El hecho de lanzar una propuesta al tapete y querer el revire, parece ubicarse en los juegos de poder de Foxilandia, no de los Estados Unidos Mexicanos, que son una República federal, representativa y popular, según define la Constitución. Sucede que en México, los ingresos estatales están condicionados a la Coordinación Fiscal, que concentra el 80 por ciento de los ingresos en las arcas del gobierno federal. En Sonora, por ejemplo, más del 90 por ciento de los ingresos del gobierno provienen de los fondos federales, de manera que los “ahorritos” que sugiere el señor Fox que hay que sacar “voluntariamente” para igualar la apuesta por la seguridad, aparentan ser más bien, una coacción propia de mafiosos. Por otro lado, mientras las acciones para abatir el empleo están centradas en el ahorro de costos por vía de las prestaciones sociales, con lo que en el mejor de los casos se genera empleo precario, eventual o de plano, empleo informal, el gobierno parece esperar que la economía se componga gracias a Dios y a EUA. La informalidad no genera recursos fiscales aunque sí contribuye al ahorro de las empresas porque no pagan cuotas al Seguro Social, no responden por las jubilaciones o las pensiones y no asumen ninguna responsabilidad con el trabajador, que deja de ser empleado para ser algo así como un proveedor independiente de servicios que se pagan barato y de una sola vez. El maravilloso mundo foxiano del autoempleo responde al por qué del deterioro de las instituciones de seguridad social, habida cuenta su falta de ingresos al haber menos patrones que aporten cuotas. Al reducir artificialmente el empleo se incrementa, lógicamente, el desempleo formal, aunque no faltan las categorizaciones estadísticas que solamente adornan la realidad: México es un país generador de desempleo, que va a dar en buena medida a la emigración, la informalidad y a la criminalidad. La política de empleo, o más bien de lo contrario, produce entre otras cosas inestabilidad en las relaciones familiares porque no alcanza el salario del jefe de familia. En consecuencia, la esposa se ve obligada a buscar ingresos y para ello sale de su casa. Los hijos en estas circunstancias, se ven obligados a aportar al ingreso familiar y tienen que elegir entre comer y estudiar, con lo que las deserciones escolares reducen el margen de oportunidades de las familias. Las familias resienten la escasez económica y ven afectada su forma de vida y su autoestima, con lo que se hace difícil la observancia de principios de convivencia ligados al respeto a la ley y a los demás. El robo presenta posibilidades que se van incrementando en la medida que su práctica reditúa en bienes y servicios y en impunidad, misma que se va construyendo a partir de la generalización de la miseria. Si las instituciones públicas carecen de recursos y los particulares también, entonces, ¿podemos hablar de seguridad? ¿Qué no resulta obvio el estado de inseguridad creciente, cuando la economía va de picada y depende cada vez más de factores externos? Sin embargo el astuto Fox, autonombrado “un policía más”, pide a los gobernadores que le igualen la apuesta: van mil millones, y espera el revire. En este marco, los gobernadores se entretienen acomodando las piezas de una eventual reforma fiscal. Algunos legisladores han manifestado simpatía por cobrar IVA a alimentos y medicinas, otros se niegan rotundamente. Lo cierto es que a nadie se le ha ocurrido reivindicar el principio de concurrencia tributaria, porque finalmente, los estados son los suscriptores originales del Pacto Federal. Pienso que los estados deben imponer y cobrar la mayoría de los gravámenes, reservando una parte al sostenimiento de los programas del gobierno federal, no al revés. Basta recordar que la actividad económica se realiza en territorio estatal, y particularmente en el suelo municipal, de manera que si revisamos la Constitución, quizá se pudiera decidir un nuevo marco tributario a partir de lo local. Si los estados de la República pudieran decidir el rumbo de su economía, seguramente la inseguridad pública y social evolucionaría de diferente manera. Al menos, sería realmente responsabilidad de las entidades federativas, las que contarían con recursos propios para atacarla. Sin apuestas, sin baladronadas, con seriedad. Correo electrónico: dalmx@yahoo.com |
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