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Escándalo Legislativo Por: José Darío Arredondo López 
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La toma de las instalaciones en San Lázaro impactó seriamente a la opinión pública debido, entre otras causas, a que los actores políticos ubicados en la cordura legislativa se sintieron amenazados de muerte: el vandalismo de unos obsequia orden de cateo a la corrupción aterciopelada de otros.
Le voy a confesar que las primeras notas fueron impactantes para mí. El conservador que todos llevamos dentro se revolvió en mi tasa de café y los ojos desorbitados me ilustraron acerca de la toma de la Bastilla chilanga. El horror informativo se volvió paranoia legislativa y el orden establecido vibró en notas de desinformación e ignorancia campesina. La primera toma erizó los pelos y la segunda terminó por fruncir cualquier entrecejo amante de la normalidad aterciopelada por la que discurre la arbitrariedad hecha costumbre: “Los del PRD ha ni la amuelan, tomaron por asalto la más alta tribuna de la nación y mandaron a las mujeres para que no hubiera modo de pegarles la joda que merecen”. Si bien es cierto que la avanzada femenina revela una especie de protagonismo muy a modo con el sexenio que corre, la cuestión de fondo es que el PRD se manifestó en defensa de la integridad presupuestal del DF. La federalización de la educación no se hace de la noche a la mañana, salvo que se trate en este caso de reventar al gobierno capitalino al cobrarle a lo chino una cantidad enorme de recursos. Nueve mil millones de pesos significan la diferencia entre la solvencia y la reducción del gasto a niveles de anemia. Es, simplemente, la imposibilidad de cumplir con las obligaciones que la ley impone al DF. La reforma al artículo 122 constitucional debe hacerse de común acuerdo entre las partes implicadas, que son el gobierno federal y el del DF. Por otra parte, dicho artículo es una rara mezcla de actores políticos interesados: está el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa. De repente es un ente público ligado a la lógica federal y para algunas cosas es equiparable a una entidad federativa. En este caso, corresponde al Congreso de la Unión legislar en las materias que no han sido conferidas a la Asamblea Legislativa, expedir el Estatuto de Gobierno del DF, legislar en materia de deuda pública, así como las disposiciones que aseguren funcionamiento de los Poderes de la Unión. Corresponde al Presidente de la República la iniciativa de leyes referidas al DF, proponer al Senado el sustituto del Jefe de Gobierno, en caso de remoción, enviar al Congreso de la Unión la propuesta de montos de deuda necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del DF, además de proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de las disposiciones relativas al DF. Lo que parece ser una dependencia más del Ejecutivo Federal, resulta que tiene un Jefe de Gobierno, electo democráticamente, en votación “universal, libre, directa y secreta” quien tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en “la entidad”. También serán electos con los mismos requisitos que los demás diputados locales, los integrantes de la Asamblea Legislativa, y en cada una de las demarcaciones, se elegirá a un delegado, también de manera libre, directa y secreta. Es decir, los diputados locales del DF y los delegados pasan por el mismo procedimiento electoral que cualquier diputado local y que cualquier presidente municipal. Hay en el DF un Procurador General de Justicia, un órgano judicial que es el Tribunal Superior de Justicia, con lo que tenemos que existen los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este desbarajuste, como se ve, coexisten dos calidades: la del viejo departamento del Distrito Federal y la inherente a una entidad federativa que no termina siéndolo. El DF es y no es una entidad federativa. Pues acelerados que son los chicos del PAN y el PRI se lanzaron a cargarle los platos de la educación básica al DF, por aquello de que el trato es inequitativo a favor de Chilangolandia. En un evidente albazo se pretende asestar un golpe legislativo de nueve mil millones de pesos, antes que poner orden en el terreno de las definiciones de esa entidad o lo que sea. La reforma al 122 constitucional debe ser producto de un proceso legislativo sereno, objetivo y consensuado, que en todo caso procure el bienestar de la población. La federalización de la educación en ningún caso se ha dado de manera súbita, sino que es producto de acuerdos y coordinación de acciones. Por otra parte, hasta la fecha, se considera un proceso inacabado y, en general, de poco éxito, precisamente por los altos costos de la educación y la escasa capacidad económica de los gobiernos locales, entre otras causas por el desastroso modelo económico que sufrimos desde hace 20 años. El escándalo de San Lázaro pudo evitarse, si se hubiera respetado la legalidad, los tiempos y los consensos. A la brava solamente se generan los frutos que insiste la administración de Vicente Fox en seguir cosechando. El Dalai Lama habló de tolerancia, de paz y concordia. Los panistas, burros que son, se manifestaron en la práctica tan sordos como amantes de las fotografías en primer plano. Correo electrónico: dalmx@yahoo.com |
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